INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PERÚ

En Perú, como en tantos y tantos países del mundo, se incumplen los Derechos Humanos, pero si estos sucesos, de los que a continuación informaré, hubiesen ocurrido en las épocas presidenciales de Alberto Fujimori o de Alejandro Toledo Manrique no serían nada extraños por la ausencia, en estas personas autoritarias y corruptas, de vergüenza política y ciudadana. Ciertamente del nuevo presidente del Perú, Alán García, en su segundo gobierno presidencial, esperamos, tanto el pueblo peruano como los ciudadanos de otros países democráticos, entre los que me incluyo, que no continúe las políticas de sus predecesores y haga cumplir, desde la primera a la última página, los Derechos Humanos en todo el territorio peruano. Si Alán García desea vehementemente asentar la democracia en su país, debe ser ante todo un buen demócrata, un político que respete y haga respetar los Derechos Humanos, enfrentándose y derrotando a las mafias fascistas que los avasallan continuamente.

Hoy por hoy, una nueva inquietud se aposenta, junto a otras muchas, en mis adentros. En este caso concreto me refiero a la inseguridad que se ceba, insaciablemente, con todo el personal de GRUFIDES (Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible - organización ecologista y de derechos humanos -) y a las amenazas anónimas de muerte que constantemente están recibiendo el padre Marco Arana y la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín.

En agosto de 2006, decenas de manifestantes resultaron heridos y uno murió por arma de fuego durante los violentos enfrentamientos con la policía y el personal de seguridad del proyecto de la mina de oro Yanacocha, en la provincia de Cajamarca. Los manifestantes habían cortado una carretera para protestar contra la expansión de este proyecto minero.

El 2 de noviembre, Edmundo Becerra Corina, ecologista y opositor al proyecto de la mina de oro Yanacocha, murió por disparos en Yanacanchilla, provincia de Cajamarca. Según los informes, había recibido varias amenazas de muerte a causa de su oposición a la expansión de las actividades de la empresa minera en la región. El ataque tuvo lugar días antes de la fecha en que debía reunirse con representantes del Ministerio de Energía y Minas.

GRUFIDES está investigando el asesinato de Edmundo Becerra Corina, y ha prestado apoyo a las familias de los manifestantes que sufrieron heridas o murieron en las manifestaciones de agosto.

El padre Marco Arana y la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín han recibido repetidas amenazas de muerte, y a ambos los han seguido y los han filmado tanto en su trabajo como en su casa. Las amenazas y el acoso parecen estar directamente relacionados con su trabajo para el GRUFIDES. Sus vidas, al igual que las de otras personas relacionadas con GRUFIDES, corren peligro.

Los miembros de GRUFIDES han sido objeto de amenazas e intimidación en los últimos meses. Todos estos incidentes se han denunciado a las autoridades, pero éstas no han emprendido ninguna acción para investigarlos o para ofrecer protección a quienes están repetidamente amenazados de muerte.

El 31 de agosto, la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, directora ejecutiva de GRUFIDES, recibió una llamada telefónica anónima en la que le dijeron: “Te vamos a violar y luego te vamos a matar”. El padre Marco Arana, miembro de GRUFIDES, recibió amenazas de muerte anónimas por teléfono el 3 y el 4 de agosto. El 27 de septiembre, la sobrina del padre Arana recibió una llamada telefónica en la que le dijeron: “Dile a tu tío que no se meta, le vamos a disparar un balazo en la cabeza”.

Además, al padre Marco Arana y a la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, así como a otros miembros de GRUFIDES, los han seguido en motocicleta unos individuos no identificados, y también los han filmado y fotografiado en la calle. El 23 de septiembre, la casa de un miembro de GRUFIDES fue asaltada, y los asaltantes registraron documentos y archivos informáticos relativos al trabajo de la organización, pero no se llevaron nada.

GRUFIDES es una organización no gubernamental que se centra en el desarrollo sostenible y en cuestiones de medio ambiente. Tiene su sede en la ciudad de Cajamarca, provincia de Cajamarca, y respalda activamente a las comunidades que se oponen al proyecto de la mina de oro Yanacocha, en esa misma provincia, encabezado por una empresa estadounidense. GRUFIDES también ha estado examinando y evaluando los estudios de impacto medioambiental presentados por la empresa minera al Ministerio de Energía y Minas.

Tras un accidente en el que un camión cargado de mercurio vertió parte de su carga cerca de la mina Yanacocha, las comunidades rurales temen el potencial impacto medioambiental de la expansión de este proyecto minero. Al parecer, a la población de la zona no la avisaron del vertido, y algunos miembros de la comunidad experimentaron síntomas de envenenamiento por mercurio.

GRUFIDES trabaja estrechamente con comunidades campesinas, a las que proporciona formación y asesoramiento legal. Recientemente ha apoyado los casos de dos activistas campesinos presuntamente asesinados, uno en agosto y otro en noviembre de 2006, aparentemente a consecuencia de su oposición a la expansión del proyecto de la mina Yanacocha.

Por todo ello, insto a Alán García Pérez, Presidente de la República del Perú; a Luis Giampietri Rojas, Vicepresidente; a Jorge del Castillo Gálvez, Primer Ministro; al Partido Aprista, del cual es miembro Alán García; a la Dra. Adelaida Flora Bolívar Arteaga, Fiscal de la Nación; a Juan Gualberto Valdivia Romero, ministro de Energía y Minas; a Felipe Pita Gastelumendi, Gobernador regional de Cajamarca; a la Asociación pro-Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y a Luis Fenando Olivera Vega, Embajador, en Madrid, de la República del Perú, a tomar medidas para garantizar la seguridad del personal de GRUFIDES, de acuerdo con los deseos de las propias personas afectadas.

Asimismo, exijo a las autoridades, ya mencionadas en el parágrafo anterior, a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la intimidación al personal y los miembros de GRUFIDES, a hacer públicos sus resultados, a llevar a los responsables ante la justicia, a transmitir un mensaje público que indique claramente que no tolerarán la intimidación y el acoso contra las personas que defienden los derechos humanos.

Del mismo modo, expreso mi preocupación e indignación por la muerte de los dos activistas medioambientales y por los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía y el personal de seguridad de la empresa minera.

Sé que es difícil, pero no imposible que las autoridades y las organizaciones anteriormente reseñadas hagan cumplir los Derechos Humanos, no sólo en la región de Cajamarca, sino en todo el país.